La responsabilidad civil de los administradores de fincas

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Cuando una comunidad de propietarios confía en un administrador de fincas lo hace otorgándole unas responsabilidades y unos poderes en su nombre, que espera sean respetados en todo momento. Si no, el administrador de fincas debe responder frente a su responsabilidad civil como profesional.

La responsabilidad civil profesional de un administrador de fincas hace referencia a aquella que se les atribuyen a los administradores de fincas en el ejercicio de su actividad y profesión. De tal modo que si incurren en una actuación ilícita o en una infracción legal deben responder frente a la justicia. Ya que con éstas pueden estar causando daño a sus clientes, a las comunidades de propietarios pero, ¿qué tipo de informalidades pueden llevarse a cabo?

Según el derecho, se dan estas circunstancias cuando ocurre una “violación de la lex artis de un buen profesional”. ¿Eso qué significa? Para el ejercicio de sus funciones, todo administrado de fincas colegiado está respaldado por la Ley de Propiedad Horizontal, donde también se detallan sus obligaciones. Una actuación incorrecta de esta ley podría ocasionar daño tanto a la comunidad de propietarios como a él.  Y en casos como estos…

– Por acción u omisión por parte del administrador de fincas de modo que por medio de su actividad profesional se derive un perjuicio cuantificable e individualizable.  También por omisión de su trabajo o la falta de preaviso de cancelación de un contrato de seguro, por ejemplo.

– Por negligencia. En este sentido la responsabilidad civil de los administradores de fincas se juzga cuando las actuaciones sean intencionadas por parte del administrador de fincas para causar daño a la comunidad de propietarios.

– Por daño o perjuicio relativo por la propia conducta del administrador con los propietarios de la comunidad.

– Por un resultado dañino donde no quepa la menor duda de que su actuación ha sido la causa del perjuicio.

¿Y cómo puede una comunidad de propietarios probar alguno de estos casos? Disponer de pruebas siempre es importante y éstas deben contemplar de forma fehaciente la existencia de uno de estos “errores” en la responsabilidad civil de una comunidad de propietarios.

Éstas podían incluso demandar indemnizaciones a terceros, a los administradores de fincas, como consecuencia de destrucción, deterioro o pérdida de documentos bajo su custodia o depósito por razón de su actividad profesional calumnia, difamación, violación de los derechos fundamentales de las personas.  Las nuevas tecnologías también permiten abaratar y agilizar las comunicaciones y clarificar todos estos procesos reduciendo las posibilidades de que ocurran estos problemas.

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